El parlamentario apuntó a la empresa “Salud y Vida” por reiteradas faltas e incumplimientos en la entrega de insumos a diversos establecimientos de la zona, afectando directamente a cientos de niños, niñas y jóvenes que se ven beneficiados con la beca de alimentación Junaeb.
Hasta el Congreso Nacional llegaron representantes del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos de la Provincia de Petorca, encabezados por su presidenta, Ingrid Robledo, a reunirse con el parlamentario para denunciar una situación dramática en relación a la entrega de alimentación e insumos a establecimientos educacionales. El parlamentario exigió a JUNAEB una intervención urgente y la terminación del contrato con la empresa responsable.
Venegas, acompañado por Robledo, alzó la voz ante lo que calificó como una situación grave e inaceptable: la vulneración sistemática del contrato de abastecimiento escolar por parte de Salud y Vida, encargada de entregar las raciones alimenticias en la región: “Estamos hablando de la alimentación de nuestros niños y nuestras niñas, y con eso no se juega”, enfatizó el diputado. “No solo se están incumpliendo los contratos, sino que ni siquiera se garantiza la entrega de verduras ni productos básicos, como exige la licitación. Es una falta de respeto hacia las comunidades escolares y una irresponsabilidad intolerable”.
Por su parte, Ingrid Robledo fue categórica: “La empresa no está cumpliendo las condiciones establecidas. No existen los contratos indefinidos que exige la licitación, no se entregan los alimentos como corresponde, y las manipuladoras deben enfrentar esta crisis sin los insumos necesarios para realizar su labor con dignidad. Esto perjudica gravemente tanto a los estudiantes como a las trabajadoras”.
Ante esta alarmante situación, el diputado Venegas anunció que ya se están tomando medidas. “Estamos oficiando al Ministerio de Educación, JUNAEB y otros organismos a nivel nacional para que actúen con urgencia. No descartamos exigir la terminación inmediata del contrato con Salud y Vida, porque ha quedado claro que no está cumpliendo con su responsabilidad. Cuando se pone en riesgo el derecho básico a la alimentación, lo mínimo es actuar con firmeza”.
La comunidad escolar exige respuestas y soluciones concretas. Mientras tanto, crece la preocupación por la falta de fiscalización y la continuidad de un servicio esencial que hoy sigue en manos de una empresa gravemente cuestionada.