A propósito del error que incurrió el Banco de Estado al pasar como Pago Automático de Cuentas (PAC) algunos bonos de Ingreso Familiar de Emergencia IFE), entregados por el Gobierno a miles de beneficiarios para enfrentar de mejor manera la pandemia del coronavirus, el diputado del movimiento UNIR, Marcelo Díaz, llamó esta mañana al Gobierno a que se establezca una mejor coordinación con las casas financieras, de modo que mientras se mantenga el Estado de Emergencia Sanitaria en nuestro país, la población de mayor vulnerabilidad social —además de concentrarse en los cuidados básicos para evitar el contagio de la COVID-19— reciba cabalmente todos los recursos económicos necesarios con el fin de superar esta enfermedad en cuarentena.
“Si bien el Banco Estado reaccionó con celeridad, aclarando que sólo se había producido un error en alrededor de mil cuentas y que se solucionaría con prontitud, es elemental que las autoridades competentes se coordinen con los bancos y otras entidades de financiamiento para que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones, pues todos los organismos de Estado están desarrollando protocolos de emergencia y este mecanismo debe estar a disponibilidad también de los bancos y las empresas de crédito privadas. No son tiempos para ajustar intereses, menos de descontar bonos entregados por el Gobierno para sobrevivir esta pandemia”, expresó el parlamentario.
En ese contexto el legislador informó que acaba de oficiar al Ministerio de Hacienda, a la Comisión del Mercado Financiero y a la Dirección Ejecutiva del Banco Estado para solicitar antecedentes sobre el caso de algunos ciudadanos que —en virtud de su cargo como parlamentario— “me mostraron su inquietud respecto de la reprogramación de los créditos que ofrecen los bancos en tiempos de Estado de Emergencia Sanitaria y de cesantía”.
TIEMPOS DE CESANTÍA
Contó que “es el caso de J.C., quien el 2017 solicitó un crédito al Banco Estado con el fin de poder pagar sus deudas. Posteriormente, y al mes de haber solicitado el crédito, fue desvinculado de su trabajo, no pudiendo hacer valer su seguro de cesantía y quedando imposibilitado de seguir pagando las cuotas pactadas”.
Tiempo después —agregó Díaz— “este banco le ofrece una repactación del crédito transformando una deuda de 16 millones en una de 30 millones, razón por la cual el señor J.C. no acepta la repactación y hoy se encuentra en juicio con orden de embargo”.
“Actualmente esta persona trabaja en un supermercado y debido a la crisis sanitaria que afecta a nuestro país, no cuenta con la posibilidad de aumentar sus ingresos”.
Sostuvo que “es por esto que hoy toda una familia se encuentra sumamente angustiada bajo la posibilidad de ser embargados y perder los bienes que con tanto esfuerzo consiguieron, siendo una situación que afecta gravemente tanto económica como psicológicamente a esta familia”.
“Lo que este ciudadano espera —prosiguió— es que se le otorguen medidas de flexibilidad para poder pagar su deuda, no aumentando de forma excesiva el monto a través de los intereses y tomándose en consideración la enorme crisis que se vive actualmente en nuestro país”.
MEDIDAS
Al diputado Marcelo Díaz le surge la duda acerca de las medidas que están adoptando los bancos para la reprogramación de los créditos, “ya que al parecer se están aplicando intereses que aumentan excesivamente los montos finales de las deudas, práctica que llevaría a un mayor endeudamiento de la población al final de la crisis”.
Es por lo anterior, expresó el legislador, “que oficié a ministro de Hacienda y al presidente de la Comisión del Mercado Financiero a fin de que informen las medidas que adoptarán para asegurar y fiscalizar que los bancos no abusen en las reprogramaciones de créditos considerando la importante crisis que se está viviendo en nuestro país; y a directora ejecutiva del Banco Estado, con el propósito que tome conocimiento de esta situación y otorgue medidas de flexibilidad para el pago del crédito en comento, y no se constituyan abusos con clientes que hoy se ven forzados a buscar soluciones ante la angustiante situación económica que les afecta por la COVID-19”.