Más de 80 agrupaciones denuncian que la iniciativa del Gobierno representa un grave retroceso en materia ambiental y favorece la aprobación de proyectos sin fiscalización efectiva. Exigen al presidente Gabriel Boric retirar la urgencia legislativa del proyecto.
Fuerte Oposición al Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales
El Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, ha generado una ola de críticas por parte de más de 80 organizaciones de la sociedad civil. Las agrupaciones acusan que la iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca flexibilizar la regulación ambiental en favor de la inversión, debilitando los controles existentes y facilitando la aprobación de proyectos con menor fiscalización.
Según los opositores, el proyecto forma parte de un paquete normativo que incluye la reforma a la institucionalidad ambiental y la ley de administración del borde costero y concesiones marítimas. Para las organizaciones, estas medidas responden a una agenda pro-inversión que prioriza la rapidez en la aprobación de proyectos en detrimento de la protección ambiental y la salud pública.
“Una motosierra a los estándares ambientales”
Las organizaciones denuncian que la iniciativa desmantela regulaciones clave del Código Sanitario, Código de Aguas y Código Minero, lo que reduciría significativamente la fiscalización ambiental. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, advirtió que la propuesta “limita y expropia a los ministerios sectoriales de sus atribuciones para resguardar la salud de la población y el patrimonio ambiental del país”.
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, organismo que concentraría el poder de aprobación de proyectos en una sola entidad, restando atribuciones a los ministerios sectoriales. Para sus detractores, esta medida impone un enfoque meramente económico, minimizando el rol de la fiscalización ambiental.
Pamela Poo, de Fundación Ecosur, advirtió que “en un país donde el Estado ya tiene recursos insuficientes para controlar el cumplimiento de las normas, esta iniciativa solo agravará la conflictividad ambiental”.
Acusaciones de Negociaciones con el Sector Empresarial
Las organizaciones también acusan al Gobierno de haber negociado este proyecto con el empresariado como parte de un “pacto fiscal”, tras el fracaso de la reforma tributaria. Según los denunciantes, la propuesta ha sido diseñada sin la participación de expertos ni de la sociedad civil, lo que aumenta las dudas sobre su impacto real en la protección del medio ambiente.
El especialista en política ambiental Diego Luna Quevedo señaló que, “si bien es necesario modernizar la institucionalidad, la agenda pro-inversión que está impulsando el Gobierno va en contra de los principios preventivo y precautorio, vulnerando así el principio de no regresión en un contexto de crisis ecológica”.
Exigen Detener la Tramitación y Abrir el Diálogo
Ante la creciente oposición, las organizaciones han solicitado al presidente Gabriel Boric retirar la urgencia legislativa del proyecto y abrir un espacio de diálogo real con la sociedad civil. “No se puede avanzar en desregulación ambiental en un contexto de crisis ecológica”, enfatizan.
La presión sobre el Gobierno aumenta, y el futuro del proyecto de ley dependerá del debate en el Senado y de la respuesta del Ejecutivo a las crecientes demandas de la ciudadanía y el mundo ambientalista.