El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó el cuestionado proyecto minero Comahue de la empresa Next Minerals S.A., rechazando los recursos presentados por organizaciones sociales y vecinos que advertían sobre sus potenciales impactos en la Reserva Nacional La Chimba y la salud de la población.

La sentencia ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto, desestimando las denuncias de irregularidades en la evaluación ambiental. Entre los recurrentes se encontraban el Sindicato de Trabajadores Independientes de Agricultura Cunicultura Desierto Verde, la Asociación Núcleo Geológico Norte, y vecinas como Ada Calderón y Natalia Sánchez, quienes acusaron que se excluyó de forma injustificada a la reserva del área de influencia y no se evaluaron adecuadamente los impactos en recursos hídricos, salud pública y modos de vida locales.

El proyecto se ubicará a solo 4,5 kilómetros de la Reserva Nacional La Chimba y a 22 kilómetros del centro de Antofagasta, una zona ya afectada por pasivos ambientales como el ex vertedero municipal y frecuentes quemas ilegales. A pesar de ello, el tribunal argumentó que no existiría interacción directa entre la faena y el área protegida, y que las emisiones estimadas por la empresa cumplirían con la normativa vigente, por lo que se descartaron riesgos para la salud de la población.

En cuanto al uso del agua, los denunciantes criticaron la falta de consideración a informes técnicos emitidos por la CONAF y la Dirección General de Aguas (DGA), pero el tribunal respaldó el trabajo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), asegurando que este analizó técnicamente los antecedentes y definió un sistema de monitoreo para prevenir filtraciones.

Tampoco se acogieron las observaciones sobre afectaciones a la agricultura, argumentando que no se extraerán aguas que comprometan los cultivos ni se alterarán las rutas de acceso utilizadas por los productores locales. Según el fallo, las modelaciones de ruido y emisiones se mantendrían dentro de los límites legales.

Este fallo se suma a la reciente controversia por la aprobación del proyecto Minera Dominga, alimentando la percepción entre comunidades y organizaciones ambientales de que el tribunal favorece sistemáticamente a proyectos extractivos en desmedro de las preocupaciones sociales y ecológicas de las comunidades locales.